La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 marca el inicio de una nueva etapa en la política sociolaboral española. Este plan, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, define las prioridades y herramientas que guiarán la actuación inspectora durante los próximos tres años, con un enfoque centrado en la digitalización, la especialización del personal y la protección de los derechos laborales.
1. Un organismo en transformación
El objetivo general del plan es modernizar y fortalecer la Inspección de Trabajo, adaptándola a un mercado laboral cada vez más diverso y tecnológicamente avanzado. Se busca una institución más ágil, cercana y transparente, capaz de responder con eficacia a los nuevos desafíos que plantean la economía digital, el teletrabajo, las plataformas colaborativas y la globalización del empleo.
Para lograrlo, la Estrategia contempla un importante refuerzo de recursos humanos. Entre 2025 y 2027 está prevista la incorporación de 554 nuevos inspectores y subinspectores, además de personal técnico y administrativo. Esta medida tiene como finalidad ampliar la capacidad de supervisión en todo el territorio nacional y garantizar una cobertura más homogénea de la acción inspectora.
2. Transformación digital y lucha contra el fraude
Otro de los ejes prioritarios es la digitalización integral del sistema inspector. Se destinarán 28,5 millones de euros a la mejora tecnológica del organismo, con proyectos que incluyen:
- Creación de un laboratorio de informática forense, destinado a recopilar y analizar evidencias digitales en investigaciones sobre fraude laboral o de Seguridad Social.
- Diseño de nuevas reglas algorítmicas para detectar irregularidades mediante el análisis masivo de datos.
- Desarrollo de una nueva sede electrónica, que centralizará las comunicaciones entre la Inspección y los ciudadanos, simplificando trámites y mejorando la atención digital.
- Implementación de unidades especializadas en tratamiento de datos para optimizar el control de incumplimientos en sectores o actividades específicas.
Estas actuaciones buscan que la Inspección disponga de herramientas avanzadas para identificar fraudes de manera preventiva, reduciendo la dependencia de las actuaciones presenciales y aumentando la eficacia en la detección de riesgos.
3. Ejes estratégicos y objetivos principales
La Estrategia se articula en dos grandes ejes y 17 objetivos operativos:
- Eje 1 – Actividad inspectora. Incluye diez líneas de actuación prioritarias centradas en relaciones laborales, igualdad, seguridad y salud, promoción del empleo, Seguridad Social y prevención del trabajo no declarado.
- Eje 2 – Modernización institucional. Reúne medidas de organización, coordinación y formación destinadas a mejorar la calidad del servicio público y la especialización del personal.
El plan apuesta por una metodología más inteligente y proactiva, basada en la combinación de inspecciones presenciales, actuaciones telemáticas y análisis automatizados. También refuerza la cooperación con administraciones autonómicas y organismos europeos para intercambiar información y buenas prácticas.
4. Ámbitos de control reforzado
Durante el periodo 2025-2027, la Inspección intensificará su actuación en las siguientes áreas:
- Fraude en la contratación: control de temporalidad indebida, uso inadecuado del periodo de prueba y falsos fijos discontinuos.
- Registro de jornada y desconexión digital: vigilancia del cumplimiento de los tiempos de trabajo y descanso, especialmente en teletrabajo.
- Seguridad y salud laboral: prevención de accidentes y enfermedades profesionales, con especial atención a los sectores de mayor riesgo.
- Inteligencia artificial y algoritmos: control del impacto de sistemas automatizados en procesos de selección o promoción, evitando sesgos discriminatorios.
- Teletrabajo internacional: coordinación con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para detectar irregularidades en la cotización de trabajadores que prestan servicios desde el extranjero.
- Igualdad y no discriminación: refuerzo de la supervisión de planes de igualdad, acoso sexual o por razón de sexo, y discriminación por edad o identidad de género.
- Salario mínimo interprofesional: verificación del cumplimiento del SMI mediante cruces de datos y controles sectoriales.
- Bonificaciones e incentivos al empleo: revisión del uso correcto de ayudas públicas en colaboración con el SEPE.
- Falsos autónomos y plataformas digitales: control del encuadramiento laboral y detección de empleo no declarado.
5. Formación y cooperación institucional
El plan concede un papel esencial a la formación continua del personal inspector, especialmente en ámbitos como la digitalización, la gestión de datos y la igualdad. Asimismo, se promoverá la colaboración con comunidades autónomas y organismos internacionales, consolidando el intercambio de información y el reconocimiento del modelo español de inspección.
6. Impacto para las empresas y profesionales
La nueva Estrategia anuncia una etapa de controles más rigurosos y digitalizados. Las empresas deberán adaptar sus políticas internas y reforzar sus mecanismos de cumplimiento normativo. Entre las medidas recomendadas destacan:
- Revisar los planes de igualdad y protocolos frente al acoso.
- Mantener registros de jornada precisos y auditables.
- Implementar programas de compliance laboral y auditorías periódicas.
- Regularizar situaciones de falsos autónomos o becarios.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cotización y Seguridad Social, especialmente en casos de teletrabajo internacional.
La Estrategia 2025-2027 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social representa un cambio estructural en la forma de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social. La combinación de tecnología avanzada, refuerzo de personal y cooperación institucional permitirá un control más eficaz y preventivo.
Para las empresas, este nuevo marco refuerza la necesidad de actuar con una cultura de cumplimiento proactiva, basada en la documentación, la auditoría y la responsabilidad social, como vía para anticiparse a riesgos sancionadores y consolidar entornos laborales justos y sostenibles.
